Consejo, Parlamento y Comisión Europea han celebrado varias negociaciones en los meses de noviembre y diciembre (conocidas como trílogos) para cerrar un acuerdo sobre la reglamentación que, a nivel comunitario, permita regular las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, es decir, entre proveedores y compradores de bienes agroalimentarios, y que supondrá un respaldo a las normativas que veinte Estados miembros, entre ellos España, ya tienen en vigor sobre este tema.
En concreto, las negociaciones se han centrado en cinco aspectos políticos de la propuesta de directiva comunitaria presentada por la Comisión Europea y enmendada posteriormente a su paso por el Parlamento Europeo.
Los mismos se refieren a la propuesta de aplicación de esta normativa a todas las empresas, con independencia de su tamaño; la definición de lo que son consideradas prácticas comerciales desleales y del criterio de dependencia económica en el seno de la cadena alimentaria; el listado de lo que se consideraría práctica comercial desleal (8 según la propuesta de la Comisión Europea y 41 en la del Europarlamento); las obligaciones que tendrán las autoridades nacionales encargadas de garantizar la aplicación de esta directiva ?en España, la Agencia de Información y Control Alimentarios?, los plazos temporales que habría que definir y cómo serán las relaciones entre las autoridades de garantía de los distintos países, y, por último, el alcance de esta directiva, que en el caso del Parlamento Europeo se prevé que también sea eficaz si el comprador o el proveedor tienen su sede legal fuera de la UE.
Según subrayó el vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y ponente principal del informe sobre esta propuesta de directiva, el italiano Paolo De Castro, "por primera vez en Europa se interviene normativamente en la relación de poder comercial dentro de la cadena alimentaria, reforzando así a los Estados miembros que ya tienen leyes sobre este asunto, que serán más eficaces bajo coordinación comunitaria".
De lograrse este necesario acuerdo sobre los objetivos políticos de la directiva, posteriormente las negociaciones se centrarían en sus aspectos técnicojurídicos, para cerrarla definitivamente antes de finalizar la actual legislatura comunitaria, en mayo del 2019.