El sector atunero de Ecuador ve una "oportunidad" en la tarjeta amarilla que la UE le ha sacado al país y asegura que trabajará para que se cumplan todas las prescripciones y regulaciones internacionales porque, en definitiva, beneficiarán al país y al gremio.
Amenazado por una advertencia del que es su principal cliente, la industria de la pesca en Ecuador ha mostrado su "absoluto compromiso con el marco jurídico internacional" para resolver unos problemas que se originan en la falta de monitoreo por parte del Gobierno, un problema arrastrado desde hace cuatro años.
"El sector se ve realmente afectado y con una problemática derivada de la actuación del Gobierno en cuanto al monitoreo y un control adecuado en el mundo de la pesca", dijo a Efe el español Juan Manuel Vieites, presidente del Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical (Eurothon).
Vieites se encuentra en Guayaquil para intercambiar experiencias con la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), la Cámara Ecuatoriana de Industrias y Procesadores Atuneros (Ceipa) y Atunec, sobre las medidas que debería adoptar el sector para superar la tarjeta amarilla.
Una tarjeta que pone en peligro a una de las principales industrias del país, ya que Ecuador es el segundo productor y exportador de atún del mundo, una actividad que representa más de 1.151 millones de dólares. La UE adquiere un 25 % de su atún de Ecuador, por una suma que asciende a 600 millones de euros.
Ecuador es el primer exportador del mundo a la UE, con 100.000 toneladas de conserva de atún y otras 70.000 en lomos de atún cocidos y refrigerados. El sector emplea directamente a unas 25.000 personas y de forma indirecta a unas 108.000, un tercio de las que viven de la pesca.