Fernando Miranda Sotillos, ingeniero agrónomo por la Universidad de Castilla-La Mancha, inició en 1990 su actividad profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha ocupado desde entonces distintos cargos de máxima responsabilidad, hasta llegar en el 2019 a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
El pasado 8 de febrero el Gobierno aprobó el esperado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario. ¿Qué cree que puede significar su implantación para el futuro del sector?
El PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.
Los fondos del PERTE agroalimentario, junto con los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la nueva Política Agrícola Común 2023-2027, representan una oportunidad única para impulsar y reforzar a innovación y digitalización del sector agroalimentario español, al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria y la rentabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias.
La nueva ley de la cadena agroalimentaria ya está aprobada y ahora toca ponerla en marcha. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar próximamente el MAPA para su efectiva aplicación?
Con esta ley el sector agroalimentario tiene por primera vez una serie de reglas de juego que favorecen la generación de valor y garantizan un reparto equitativo del mismo a lo largo de la cadena alimentaria, mejorando la posición negociadora de los operadores más débiles e incidiendo en que en las negociaciones comerciales se persiga cubrir, al menos, los costes de producción de los alimentos.
El Gobierno ya está aplicando con celeridad la ley en todos sus ámbitos y para ello estamos dando todos los pasos necesarios. Hemos comenzado ya a elaborar el reglamento que desarrolla el registro digital de contratos, en el que todo comprador deberá inscribir todos los contratos alimentarios, incluyendo sus modificaciones, que suscriba con los productores primarios y las agrupaciones de estos.
Asimismo, ya hemos iniciado el proceso de modificación del estatuto y el régimen de control de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y hemos constituido el comité de cooperación de autoridades de ejecución para comenzar a debatir las mejores prácticas, los nuevos casos y los avances en el ámbito de las prácticas comerciales desleales.
Además, estamos dando los pasos para reforzar la información que proporciona el Observatorio de la Cadena Alimentaria para que sea más eficaz y se actualice con mayor frecuencia. Y por último, estamos trabajando con intensidad en difundir el contenido de la ley en diversos foros.
La estrategia "De la granja a la mesa" de la Comisión Europea avanza en la UE sin conocerse aún oficialmente sus posibles consecuencias para el sector agrario... ¿Cuál es el análisis del MAPA sobre los principales objetivos de la misma?
Necesitamos unos sistemas alimentarios sostenibles que tengan en cuenta las previsiones de incremento de población de Naciones Unidas, y las necesidades productivas que indica la FAO a 2050, y sean lo suficientemente ágiles para responder a las crisis alimentarias que puedan surgir, como la actual por el conflicto bélico en Ucrania, pues alimentar a la población es prioritario.
Por tanto, compartimos los propósitos de la estrategia "De la granja a la mesa" enmarcada en el Pacto Verde Europeo y la senda que traza, pero sin olvidarnos de que las necesidades de abastecimiento a la población son prioritarias. Situaciones excepcionales como la actual necesitan medidas extraordinarias puntuales, pero sin perder de vista los objetivos a largo plazo de sostenibilidad de la agricultura europea.
En el ministerio llevamos tiempo trabajando en esa línea y los objetivos de la estrategia "De la granja a la mesa" están presentes en la propuesta que se ha enviado a la Comisión Europea del Plan Estratégico de la PAC y también en otras políticas del MAPA.
En España, el análisis de necesidades realizado en el Plan Estratégico ha sido coincidente en muchos de los aspectos con los objetivos de la estrategia "De la granja a la mesa", en concreto con las necesidades de reducir el exceso de nutrientes, el uso y riesgo de fitosanitarios, el uso de antimicrobianos, así como la potenciación de la agricultura ecológica y las superficies no productivas para la biodiversidad.
Daremos una respuesta adecuada a estas necesidades para contribuir significativamente a la consecución de los objetivos de la estrategia mediante una complementariedad entre intervenciones del plan y medidas fuera de él, con normativa de carácter nacional entre la que podemos citar, por ejemplo, la relativa a la nutrición sostenible de suelos o a la de ordenación de explotaciones ganaderas.
Una de sus aspiraciones es potenciar significativamente la producción ecológica comunitaria, de la que nuestro país es uno de los líderes. Pero, ¿cómo cree que se puede conseguir incrementar los exiguos consumos actuales en España para que responda a ese 25 % de producción de cuota bio prevista para el 2030?
Con datos del 2020, la superficie de agricultura ecológica en España supera los 2,4 millones de hectáreas y con referencia Eurostat presentamos un porcentaje de superficie de agricultura ecológica respecto a la superficie agraria útil del 9,98 %, con una tendencia positiva en su evolución, superior a la media comunitaria, que es del 9,07%.
Hemos de tener en cuenta que los destinos de la producción ecológica española son la exportación, la transformación y no solo el consumo interno. En nuestro país el sector de la producción ecológica ha tenido siempre como principal salida la exportación, y solo en los últimos 6-7 años el mercado nacional ha comenzado a despertar, con un crecimiento del consumo interno del 81 % en el quinquenio 2014-2018. La industria de la transformación también está creciendo, con un incremento del número de industrias del 76 % para el mismo período.
Por ello, y dado que los agricultores producen de acuerdo con la demanda, tanto la comercialización como el consumo son elementos que han de desarrollarse más ampliamente para permitir el incremento de la producción en España. Por tanto, la promoción será importante a través de campañas como la que lanzamos el año pasado "Aquí somos eco-lógicos" dentro de la campaña "El país más rico del mundo", con un presupuesto de un millón de euros. El objetivo de esta campaña era dar a conocer la riqueza de la producción ecológica en nuestro país y aportar al ciudadano toda la información posible sobre asociación e identificación del logotipo ecológico y la normativa que garantiza el suministro alimentario en la Unión Europea.
Además, para lograr el aumento de producción, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se han programado, por parte de las comunidades autónomas, intervenciones del FEADER de apoyo a la conversión y al mantenimiento de la agricultura ecológica que en total suponen un 41 % de incremento sobre el presupuesto de las ayudas disponibles en el actual período. Así mismo, se han programado otras medidas financiables con el FEADER, como la formación, el asesoramiento, la innovación o la mejora de las cadenas de comercialización, que también contribuyen a este objetivo.
Todo ello, unido a la hoja de ruta para la agricultura ecológica en España ?que tiene entre sus prioridades el incremento del consumo nacional acompasándolo al crecimiento de las producciones? va a suponer un impulso muy notable a la agricultura ecológica.
Este año se pretende revisar la política comunitaria de promoción, con la intención de que esta esté más ligada a los objetivos del Pacto Verde, lo que podría hacer complicado que los vinos y las carnes sean elegibles para cofinanciación comunitaria. ¿Qué les diría a los productores implicados en estos sectores para tranquilizarlos?
Les diría que la posición del MAPA, y así se lo hemos trasladado a la Comisión, es que somos muy conscientes de la necesidad de alinear la política de promoción con los objetivos relacionados con el Pacto Verde Europeo y la estrategia "De la granja a la mesa", pero que debería hacerse sin olvidar que el espíritu con el que se creó la política de promoción es "garantizar la competitividad de todos los productos agrícolas de la UE".
Creemos que no se debe excluir ningún producto o sector, aportando información de todos ellos, de sus regímenes de calidad y de las altas exigencias de los métodos de producción europeos. Este aspecto es determinante para España, dado que nuestra realidad productiva juega un papel clave en las economías de determinadas zonas rurales que luchan contra el despoblamiento. Además, hay sectores que están haciendo un importante esfuerzo en aras de la sostenibilidad de sus modelos productivos, como por ejemplo el vino, informando sobre un consumo moderado y hábitos de vida y de alimentación saludable, asimilados a la dieta mediterránea.
¿Cómo percibe el MAPA la acogida que está teniendo en el sector la próxima ley sobre desperdicio alimentario que se podría aprobar en breve?
La situación actual, con incrementos de costes de producción, hace aún más necesaria una ley como esta, en la que cobra un gran protagonismo la economía circular. Es necesaria la colaboración de todos para cumplir con los objetivos que a este respecto ha marcado Naciones Unidas de reducir el desperdicio a la mitad para el 2030.
Para ello, seguiremos trabajando en la sensibilización con campañas de promoción como la que lanzamos el año pasado bajo el lema "Aquí no se tira nada", para sumar fuerzas en la lucha contra el desperdicio alimentario y la promoción de un consumo más responsable. El objetivo de esta campaña es contribuir a la concienciación de todos los sectores de la sociedad, recuperando el valor de los alimentos que conforman el patrimonio gastronómico cultural nacional de España para frenar el desperdicio de alimentos y su impacto sobre el medioambiente.