Fernando Miranda Sotillos, ingeniero agrónomo por la Universidad de Castilla-La Mancha, inició en 1990 su actividad profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha ocupado desde entonces distintos cargos de máxima responsabilidad, hasta llegar en el 2019 a la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
El pasado 8 de febrero el Gobierno aprobó el esperado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario. ¿Qué cree que puede significar su implantación para el futuro del sector?
El sector agroalimentario español contribuye con casi un 10 % al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Nuestro sistema agroalimentario es muy competitivo y ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en una situación tan excepcional como la crisis sanitaria derivada de la pandemia, garantizando el abastecimiento a la población en todo momento.
El PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.
Los fondos del PERTE agroalimentario, junto con los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la nueva Política Agrícola Común 2023-2027 representan una oportunidad única para impulsar y reforzar la innovación y digitalización del sector agroalimentario español, al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria y la rentabilidad y sostenibilidad de nuestras explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias.
Pese a mostrarse satisfecha por esta aprobación, la patronal del sector, la FIAB, alega que el PERTE necesitaría más fondos públicos. ¿Cuánta inversión privada prevé el MAPA que se puede generar?
El PERTE agroalimentario prevé una inversión pública en el período 2021-2023 de 1.002,91 millones de euros, desglosada en tres ejes prioritarios que abordan actuaciones concretas en el ámbito del fortalecimiento de la industria agroalimentaria, de la digitalización de toda la cadena de valor y del impulso a la innovación, el desarrollo y la investigación ligados a la producción agroalimentaria.
Las medidas transformadoras del PERTE agroalimentario cacula que arrastrarán más de 1.000 millones de euros de inversión privada. El impacto en el PIB por este PERTE puede estimarse en una cifra mínima de unos 3.000 millones de euros, a los que habrá que añadir los que genere en la economía, de difícil cuantificación, por las externalidades y sinergias derivadas y la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio.
Conviene contextualizar el PERTE agroalimentario dentro de la estrategia global de la política del Gobierno con relación al sector agroalimentario, de tal modo que junto a la Política Agraria Común, el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en su conjunto y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura sumarán más de 50.000 millones de euros, lo que supone la cifra de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector agroalimentario, con sus consiguientes efectos multiplicadores en el PIB y en la demanda agregada en términos de arrastre y con los efectos derivados en la creación de empleo y bienestar.
La nueva ley de la cadena agroalimentaria ya está aprobada y ahora toca ponerla en marcha. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar próximamente el MAPA para su efectiva aplicación? Por otro lado, ¿está preparada la AICA para llevar a cabo su estricto control?
Con esta ley el sector agroalimentario tiene por primera vez una serie de reglas de juego que favorecen la generación de valor y garantizan un reparto equitativo del mismo a lo largo de la cadena alimentaria, mejorando la posición negociadora de los operadores más débiles e incidiendo en que en las negociaciones comerciales se persiga cubrir, al menos, los costes de producción de los alimentos.
El Gobierno ya está aplicando con celeridad la ley en todos sus ámbitos y para ello estamos dando todos los pasos necesarios. Hemos comenzado ya a elaborar el reglamento que desarrolla el registro digital de contratos, en el que todo comprador deberá inscribir todos los contratos alimentarios, incluyendo sus modificaciones, que suscriba con los productores primarios y las agrupaciones de estos.
Asimismo, ya hemos iniciado el proceso de modificación del estatuto y el régimen de control de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y hemos constituido el Comité de Cooperación de Autoridades de Ejecución para comenzar a debatir las mejores prácticas, los nuevos casos y los avances en el ámbito de las prácticas comerciales desleales.
Además, estamos dando los pasos para reforzar la información que proporciona el Observatorio de la Cadena Alimentaria, para que sea más eficaz y se actualice con mayor frecuencia. Y por último, estamos trabajando con intensidad en difundir el contenido de la ley en diversos foros.
La estrategia "De la granja a la mesa" de la Comisión Europea avanza en la UE sin conocerse aún oficialmente sus posibles consecuencias para el sector agrario... ¿Cuál es el análisis del MAPA sobre los principales objetivos de la misma?
Necesitamos unos sistemas alimentarios sostenibles que tengan en cuenta las previsiones de incremento de población de Naciones Unidas, y las necesidades productivas que indica la FAO a 2050, y sean lo suficientemente ágiles para responder a las crisis alimentarias que puedan surgir, como la actual por el conflicto bélico en Ucrania, pues alimentar a la población es prioritario.
Está claro que para alcanzar esa sostenibilidad debe crecer tanto la producción agrícola como la ganadera, pero ese crecimiento será por la vía del incremento de la productividad y la innovación, y esto entendemos que sí es compatible con la preservación del medioambiente y con los objetivos de la PAC.
Por tanto, compartimos los propósitos de la estrategia "De la granja a la mesa" enmarcada en el Pacto Verde Europeo y la senda que traza, pero sin olvidarnos de que las necesidades de abastecimiento a la población son prioritarias. Situaciones excepcionales como la actual necesitan medidas extraordinarias puntuales, pero sin perder de vista los objetivos a largo plazo de sostenibilidad de la agricultura europea.
En el Ministerio llevamos tiempo trabajando en esa línea y los objetivos de la estrategia "De la granja a la mesa" están presentes en la propuesta que se ha enviado a la Comisión Europea del Plan Estratégico de la PAC y también en otras políticas del MAPA.
En España, el análisis de necesidades realizado en el Plan Estratégico ha sido coincidente en muchos de los aspectos con los objetivos de la estrategia "De la granja a la mesa", en concreto con las necesidades de reducir el exceso de nutrientes, el uso y riesgo de fitosanitarios, el uso de antimicrobianos, así como la potenciación de la agricultura ecológica y las superficies no productivas para la biodiversidad.
Daremos una respuesta adecuada a estas necesidades para contribuir significativamente a la consecución de los objetivos de la estrategia, mediante una complementariedad entre intervenciones del plan y medidas fuera de él con normativa de carácter nacional entre la que podemos citar, por ejemplo, la relativa a la nutrición sostenible de suelos o la de ordenación de explotaciones ganaderas.
Finalmente, cabe apuntar que la estrategia "De la granja a la mesa" incluye tres líneas de actuación con objetivos a largo plazo. Una de ellas es crear una cadena alimentaria que funcione para los productores y los consumidores, garantizando la producción sostenible de alimentos y la seguridad alimentaria. Así, por ejemplo, en el seno de la UE se está trabajando en un plan de contingencia que asegure el abastecimiento y que ahora con la situación en Ucrania se pone en valor.
Una de sus aspiraciones es potenciar significativamente la producción ecológica comunitaria, de la que nuestro país es uno de los líderes. Pero, ¿cómo cree que se puede conseguir incrementar los exiguos consumos actuales en España para que responda a ese 25 % de producción de cuota bio prevista para el 2030?
Con datos del 2020, la superficie de agricultura ecológica en España supera los 2,4 millones de hectáreas y con referencia Eurostat presentamos un porcentaje de superficie de agricultura ecológica respecto a la superficie agraria útil del 9,98 %, con una tendencia positiva en su evolución, superior a la media comunitaria, que es de 9,07 %.
Hemos de tener en cuenta que los destinos de la producción ecológica española son la exportación, la transformación y no solo el consumo interno. En nuestro país el sector de la producción ecológica ha tenido siempre como principal salida la exportación, y solo en los últimos seis o siete años el mercado nacional ha comenzado a despertar, con un incremento del consumo interno del 81 % en el quinquenio 2014-2018. La industria de la transformación también está creciendo, con un aumento del número de industrias del 76 % para el mismo período.
Por ello, y dado que los agricultores producen de acuerdo con la demanda, tanto la comercialización como el consumo son elementos que han de desarrollarse más ampliamente para permitir el incremento de la producción en España.
Por tanto, la promoción será importante a través de campañas como la que lanzamos el año pasado "Aquí somos eco-lógicos" dentro de la campaña "El país más rico del mundo", con un presupuesto de un millón de euros. El objetivo de esta campaña era dar a conocer la riqueza de la producción ecológica en nuestro país y aportar al ciudadano toda la información posible sobre asociación e identificación del logotipo ecológico y la normativa que garantiza el suministro alimentario en la Unión Europea. Los Alimentos de España ecológicos están presentes en ferias nacionales e internacionales vinculadas con el sector, como Biofach, Alimentaria, Biocultura y OrganicFood Iberia en las que el MAPA tendrá presencia,
Los Premios Alimentos de España, convocados por el Ministerio desde 1987, recogen una modalidad específica para la producción ecológica, que tiene como objetivo galardonar las acciones que, de una manera global, integren mejor aspectos relacionados con la contribución a la conservación de la biodiversidad y el respeto al medioambiente, la potenciación del desarrollo rural y de los recursos locales y la innovación tecnológica, redundando en la obtención de productos de calidad conforme al método de producción ecológica.
Además, para lograr el aumento de producción, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se han programado, por parte de las comunidades autónomas, intervenciones del FEADER de apoyo a la conversión y al mantenimiento de la agricultura ecológica que, en total, suponen un 41 % de incremento sobre el presupuesto de las ayudas disponibles en el actual período. Así mismo, se han programado otras medidas financiables con el FEADER, como la formación, el asesoramiento, la innovación o la mejora de las cadenas de comercialización, que también contribuyen a este objetivo. Todo ello, unido a la hoja de ruta para la agricultura ecológica en España ?que tiene entre sus prioridades el incremento del consumo nacional acompasándolo al crecimiento de las producciones? va a suponer un impulso muy notable a la agricultura ecológica.
¿Cómo se ha vivido en su Secretaria General la inquietante polémica sobre la calidad de la carne en España y de los actuales sistemas de producción ganaderos?
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha manifestado públicamente su apoyo al sector ganadero, además de subrayar que la calidad de las producciones alimentarias de nuestro país están fuera de toda duda y que cumplen con los estándares de la Unión Europea en materia de calidad, sanidad y bienestar animal. Estos estándares de producción se encuentran entre los más elevados del mundo, lo que también nos permite facilitar el acceso a los mercados exteriores y colocarnos en una posición favorable en el comercio internacional.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva mucho tiempo trabajando en una línea muy clara de apoyo a nuestra ganadería, agricultura y sector agroalimentario. Gracias al trabajo de agricultores y ganaderos, España es una potencia agroalimentaria, la cuarta de la UE y la octava del mundo.
La ganadería española supone una actividad de gran relevancia económica y aporta 20.232 millones de euros a la economía española, el 38 % de la producción final agraria. España se sitúa entre las principales potencias ganaderas europeas, con una balanza comercial netamente positiva.
Por otra parte, el Ministerio está realizando una adecuada ordenación y consolidación del sector ganadero español. De este modo, ya hemos establecido una normativa que ordena el sector porcino y el avícola, y lo estamos haciendo en estos momentos con el sector vacuno ?tanto de aptitud cárnica como láctea?.
A este respecto, las citadas normativas de ordenación representan un importante avance en múltiples aspectos, tanto sanitarios como ambientales, de la gestión de la actividad primaria. En particular, hay que destacar tres ámbitos de mejora medioambiental y ordenación territorial:
? Reducción de emisiones de amoniaco y gases de efecto invernadero.
? Progresividad de las medidas en función de la dimensión: la amplitud y ambición de las técnicas de reducción de emisiones y prevención de la contaminación será mayor en proyectos de nueva construcción, que deberán incorporar un conjunto muy ambicioso de mejores técnicas disponibles para la reducción de la emisión de amoniaco.
? Dimensión máxima y ampliaciones: las normas también establecen la dimensión máxima de las explotaciones, característica única en el entorno de la Unión Europea, de manera que se permita garantizar la sostenibilidad económica de los productores y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla su actividad ganadera.
Asimismo, específicamente, las normas de ordenación contemplan la posibilidad de establecer en el ámbito autonómico restricciones a la instalación de nuevas granjas o ampliación de granjas existentes, así como limitar la capacidad máxima de las mismas, por razones medioambientales o sanitarias, en zonas declaradas por la comunidad autónoma como de alta densidad ganadera o como vulnerables.
Otro tema que la UE pretende dejar zanjado este año es el nuevo etiquetado frontal de los alimentos, también con la polémica sobre el papel que puede conseguir el sistema galo Nutriscore. ¿Cómo cree el MAPA que debería ser el etiquetado que se implante en el ámbito comunitario?
Es preciso que se lleve a cabo una armonización de los sistemas de etiquetado nutricional frontal en la UE para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, no generar confusión al consumidor europeo y no penalizar determinados productos. La Comisión está trabajando en una propuesta legislativa sobre un sistema de etiquetado nutricional frontal que armonice su uso en el conjunto de la UE, con la intención de que esté preparada en el 2022.
La nueva estrategia "De la granja a la mesa" es la oportunidad para avanzar en la armonización sobre el etiquetado de los alimentos. En particular, el sistema debe tratar de forma justa los productos básicos que conforman la dieta mediterránea, así como los reconocidos con menciones de calidad diferenciada, en los que resulta muy complicado la reformulación de los ingredientes, ya que perderían la singularidad que les da su reconocimiento.
También este año se pretende revisar la política comunitaria de promoción, con la intención de que esta esté más ligada a los objetivos del Pacto Verde, lo que podría hacer complicado que los vinos y las carnes sean elegibles para cofinanciación comunitaria. ¿Qué les diría a los productores implicados en estos sectores para tranquilizarlos?
Les diría que la posición del MAPA, y así se lo hemos trasladado a la Comisión, es que somos muy conscientes de la necesidad de alinear la política de promoción con los objetivos relacionados con el Pacto Verde Europeo y la estrategia "De la ganja a la mesa", pero que debería hacerse sin olvidar que el espíritu con el que se creó la política de promoción es "garantizar la competitividad de todos los productos agrícolas de la UE".
Creemos que no se debe excluir ningún producto o sector, y que hay que aportar información de todos ellos, de sus regímenes de calidad y de las altas exigencias de los métodos de producción europeos. Este aspecto es determinante para España, dado que nuestra realidad productiva juega un papel clave en las economías de determinadas zonas rurales que luchan contra el despoblamiento. Además, hay sectores que están haciendo un importante esfuerzo en aras de la sostenibilidad de sus modelos productivos, como por ejemplo el vino, informando sobre un consumo moderado y hábitos de vida y de alimentación saludables, asimilados a la dieta mediterránea.
En nuestra opinión, se debería continuar con la política de promoción de la UE basada en las disposiciones actualmente vinculantes y ajustando las prioridades a los objetivos resultantes de otras políticas de la UE, así como simplificando la gestión de los programas para hacerlos más accesibles.
¿Cómo percibe el MAPA la acogida que está teniendo en el sector la próxima ley sobre desperdicio alimentario que se podría aprobar en breve?
El proyecto de ley tiene como objetivo la prevención y la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos, para evitar que estos sean eliminados como residuos. La prevención se basa en establecer una serie de prioridades para el destino de los alimentos que se descartan de la cadena alimentaria. La principal de ellas será la alimentación humana frente a otros posibles usos, como la alimentación animal o la transformación industrial.
La ley va a afectar a todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluida la restauración. También se fomentará la donación de alimentos. Todo ello contribuirá a reducir el impacto medioambiental de la producción de alimentos sostenibles, en beneficio de una economía circular, basándose en el uso eficiente de los recursos.
La situación actual, con incrementos de costes de producción, hace aún más necesaria una ley como esta, en la que cobra un gran protagonismo la economía circular. Es necesaria la colaboración de todos para cumplir con los objetivos que a este respecto ha marcado Naciones Unidas de reducir el desperdicio a la mitad para el 2030.
Para ello, seguiremos trabajando en la sensibilización con campañas de promoción como la que lanzamos el año pasado bajo el lema "Aquí no se tira nada", para sumar fuerzas en la lucha contra el desperdicio alimentario y la promoción de un consumo más responsable. El objetivo de esta campaña es contribuir a la concienciación de todos los sectores de la sociedad, recuperando el valor de los alimentos que conforman el patrimonio gastronómico cultural nacional de España para frenar el desperdicio de alimentos y su impacto sobre el medioambiente.
Por último, crece la alarma porque la obesidad va en aumento entre nuestros pequeños. Como un medio importante para combatir esta lacra, ¿cree que sería necesario introducir nuevos productos de la dieta mediterránea en el consumo escolar, aunque fuese con ayuda de Estado?
El MAPA coordina el programa comunitario de fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas para el fomento la promoción de los hábitos saludables de consumo en la población más joven. El programa busca, además, inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad e informar sobre el origen de los alimentos, la cadena productiva y, en general, la relación de estos productos con el medio rural.
En el último curso escolar 2020/2021, y a pesar de las dificultades en la implementación de los programas a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, se llegó a través del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas a unos 7.200 colegios y 1,3 millones de niños, siendo el presupuesto comunitario disponible de 13,6 millones de euros. En el programa escolar de leche se llegó a casi 3.000 colegios y 450.000 niños, con un presupuesto comunitario de 5,3 millones de euros. Estas cifras van en aumento cada año, ya que existe una gran aceptación de la medida por parte de alumnos, profesores y padres.
Además, cabe destacar el trabajo que se está realizando con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, junto con otras administraciones, con el objetivo de aunar esfuerzos para que nuestros niños y jóvenes adopten estilos de vida saludables y crezcan en entornos que lo faciliten.