El sector productor agroalimentario se tendrá que enfrentar y va a verse afectado a partir de 2023 por una serie de normativas y reglamentaciones comunitarias y nacionales que irán entrando en vigor. El grado de afección real o de impacto es ahora, por supuesto, difícil de concretar, porque se irá viendo de manera gradual a lo largo de los siguientes años y dependerá de múltiples factores más o menos directos o indirectos.
Dada la situación que vive la economía hoy en día, son muchas las voces que estamos señalando que habría que ralentizar el ritmo de aplicación de todo lo que viene desde Bruselas al sector agroalimentario en materia medioambiental, pero tendríamos que ser todos más contundentes en todos los estados miembros para que esto se tuviera en cuenta, porque si la normativa se aplica al ritmo que quiere la Comisión Europea muchos operadores tendrán todavía más problemas. Y dicho esto, vamos al comienzo de la cuestión.
La Comisión Europea decidió integrar de manera trasversal la política medioambiental en las demás políticas comunitarias, como queda reflejado en el Pacto Verde Europeo. Entre las herramientas principales de ese pacto que inciden en el sector agrario, es decir, en la PAC, están las Estrategias "De la granja a la mesa" y "Biodiversidad 2030", cuyo fin último es diseñar e ir hacia un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y de la Agenda 2030.
Ambas Estrategias imponen unos objetivos ambientales más concretos y ambiciosos en el ámbito de la actividad agrícola y ganadera, referidos a la fertilización sostenible y al buen estado agronómico de los suelos, al uso sostenible de fitosanitarios, la disminución del uso de antimicrobianos en ganadería y a la mejora integral del bienestar de los animales, entre otros que veremos a continuación de forma más detallada.
No obstante, algunos estudios aún parciales y genéricos, llevados a cabo por Universidades, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y por el propio Centro Común de Investigación (CCI/JRC) de la Comisión Europea coinciden en la orientación y advierten que la aplicación estricta de alguno de los objetivos concretos de ambas estrategias, incidirán en los próximos años en una caída de rendimientos productivos de buena parte de los sectores agrarios afectados por la aplicación de normativas medioambientales mucho más exigentes.
Hay también muchos analistas que recuerdan que dichas Estrategias, incluidas en el marco del Pacto Verde Europeo, se diseñaron mucho antes que el mundo conociera y sufriera la crisis, aún inacabada, del Covid-19, y de que se viera inmerso en la incertidumbre sobre el suministro de insumos y materias primas alimentaria, que está suponiendo la invasión rusa de Ucrania.
Estos acontecimientos del todo inesperados han incrementado de manera desorbitada los costes energéticos y, por ende, los precios de los alimentos, debido a los problemas de garantía de suministro suficiente y de los "cuellos de botella" logísticos en la oferta alimentaria, ante una recuperación de la demanda más fuerte de lo previsto, tras salir del periodo más álgido (2020 y 2021) de la pandemia.