La agricultura familiar ha venido siendo el modelo socioeconómico sobre el que se ha basado tradicionalmente la producción primaria de alimentos en Aragón, configurándose como un vínculo indispensable entre el sector primario, la vertebración del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento del paisaje y valores ambientales fruto de la interacción secular entre agricultura, ganadería y el propio medio físico.
Sin embargo, el proceso de globalización de los mercados agrarios, así como la necesidad de elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización que se están produciendo en el sector primario para asegurar su sostenibilidad tanto ambiental como económica, está situando a este tipo de explotaciones en una posición de desventaja competitiva respecto de otros modelos de agricultura corporativa cada vez más extendidos. Lo cual está conduciendo en los últimos años a una regresión del peso de este tipo de explotaciones familiares en las cifras macroeconómicas del sector.
De hecho, la fracción de Renta Agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza en estos momentos, en Aragón, apenas el 20% de la Renta Agraria total.La inexistencia de un sistema de identificación y de criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar ha impedido hasta ahora, efectuar un seguimiento de la misma y, sobre todo, ha impedido lograr un apoyo público más eficaz y específico hacia este tipo de agricultura. Lo que pone en riesgo de pervivencia no únicamente el modelo familiar agrario en sí mismo, sino también aquellos bienes públicos que de él se derivan como el mantenimiento de población en el territorio, el medio ambiente, el paisaje y la propia cultura rurales.
La Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón aprobada por las Cortes de Aragón, pretende dar respuesta al importante desafío descrito, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar y social de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.
El objetivo principal, es pues, concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar, por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación. La Ley actualiza y orienta hacia esta tipología de agricultura, las principales políticas públicas en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.
Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, permitiendo que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural. También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad, adaptándola a la situación actual en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.