La tercera y última propuesta aprobada por la comAGRI al límite de la pasada legislatura se refiere al reglamento horizontal de la PAC, que controlará la financiación, gestión y supervisión de su futura normativa. Entre los aspectos aprobados en este tema destacan:
- Que la reserva de crisis agrícola (que se propone dotar con 400 millones de euros) se financie de forma complementaria al presupuesto de los pagos directos de la PAC y a la financiación de las medidas de desarrollo rural.
- Si los beneficiarios incumplen las reglas de condicionalidad con que se dote a la nueva PAC, deberían ser penalizados con un recorte del 10 % de sus derechos de pago. Si ese incumplimiento es, además, intencionado, los beneficiarios podrían llegar a perder el 15 % del importe a cobrar de los pagos directos.
- Pasar de un sistema basado en supervisar que los beneficiarios cumplan con las reglas a otro enfocado en controlar que se logren resultados de acuerdo con los objetivos que se marcarán en los planes estratégicos nacionales.
- Los Estados miembros tendrán que informar de sus resultados a la CE una vez cada dos años y no todos los años como en principio proponía la CE, con el fin de evitar un exceso de burocracia tanto para las administraciones como para los propios agricultores