Después de tres años de complicadas negociaciones y un número incontable de diálogos tripartitos, en el pasado mes de junio la presidencia portuguesa del Consejo de la UE lograba cerrar ?en "trílogo" con la Comisión Europea? un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre los tres reglamentos básicos que componen el paquete de reforma de la Política Agraria Común 2023-2027 "que allana el camino para una PAC más simple, más justa y más ecológica y que proporcionará un futuro sostenible a los agricultores europeos", según destacó entonces la ministra lusa Maria do Céu Antunes.
Sobre este acuerdo, los 27 Estados miembros tienen ahora que trabajar y presentar antes del 31 de diciembre a Bruselas su Programa Estratégico Nacional (PE- PAC), que en el caso de nuestro país implica una ardua negociación con las comunidades autónomas.
En el caso de nuestro país, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó a mediados del pasado mes de julio en Conferencia Sectorial una propuesta de acuerdo sobre el PE-PAC, con ánimo de cerrarla en reuniones posteriores.
La propuesta del MAPA presentada a los consejeros contempla 4.800 M? anuales como importe de las ayudas directas (FEAGA), de los que el 60 % irán al pago básico ?ayuda a la renta para la sostenibilidad? y una cantidad cercana a los 1.200 M? para los ecoesquemas, dentro todo ello del primer pilar de la PAC.
Los Fondos para el Desarrollo Rural (FEADER) contarán con una cantidad anual de 1.100 M? y habrá otros 900 M? para medidas de mercado y programas sectoriales.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, según la propuesta del MAPA, deberán cumplir con la condición de agricultor activo, "que será aquel que esté afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o aquel que perciba al menos el 25 % de sus ingresos totales de la actividad agraria."
No obstante, dado que en algunas zonas la agricultura a tiempo parcial desempeña una función social y medioambiental significativa, los beneficiarios (pluriactivos) que reciban un importe anual igual o inferior a 5.000 euros se considerarán también agricultores activos.
Techo máximo y redistribución
En la propuesta del MAPA, el importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario se reducirá, progresivamente, a partir de la cantidad percibida que supere el importe de 60.000 euros.
Además, el importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros al año por beneficiario. No obstante, el beneficiario que perciba a partir de 60.000 euros anuales podrá, también, descontar los costes salariales directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas.
Por otro lado, se mantendrá en 300 euros el umbral mínimo para la percepción de ayudas directas. El importe por hectárea de la ayuda básica a la renta se distinguirá por regiones, que se reducirán a un máximo de 20 (de las 50 actuales) en las que se diferenciarán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.
Jóvenes e igualdad de género
El aspecto social, con medidas de igualdad de género y ayudas para la incorporación de los jóvenes serán, asimismo, elementos fundamentales de la nueva PAC. Así, para facilitar el relevo generacional, se destinarán más de 140 M? anuales, un importe equivalente al 3 % del presupuesto de las ayudas directas (primer pilar), que irá en al menos un 2 % como ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (40 años o menos) y otro 1 % como ayudas procedentes de medidas de desarrollo rural.
Además, se apoyará a las mujeres para fomentar la igualdad en el medio rural, al formar parte, por primera vez, de los objetivos específicos de la PAC. De esta forma, el PE-PAC propondrá el establecimiento de importes adicionales para impulsar su papel en las actividades agrarias.
En cuanto a la dimensión o condicionalidad social de la nueva PAC, esta no supondrá una carga administrativa adicional para agricultores y ganaderos. En este sentido, MAPA y CC. AA. desarrollarán un sistema de cruce de información sobre las infracciones y sanciones en las directivas laborales, recogidas en el proyecto de reglamento de planes estratégicos, para que sea operativo en el 2024.
El Copa y la Cogeca, que defienden los intereses de los agricultores europeos y de sus cooperativas, acogieron con satisfacción que se lograse alcanzar un acuerdo político sobre la futura PAC. No obstante, destacan que continúan existiendo muchas preocupaciones para el sector agrario, en particular con respecto a la coherencia general de la nueva PAC con otras políticas de la UE.
Junto con la PAC, la UE tendrá que implementar las estrategias "De la granja a la mesa" y "Biodiversidad 2030", los objetivos de neutralidad climática y los acuerdos comerciales futuros y existentes. "En este contexto, la PAC no es (ni debiera ser) la única política comunitaria que tenga que soportar la carga de esta transición. Los agricultores no deben verse a la zaga ni sacrificados", subraya.