¿Qué demandan las cooperativas europeas de frutas y hortalizas? En primer lugar, unos plazos más largos, que vayan más allá del horizonte 2030, dado que la introducción de métodos de producción no convencionales es una carrera de fondo, que debe ir adaptándose, además de la realización de estudios de impacto adecuados y completos, y la disponibilidad efectiva para este sector de herramientas alternativas basadas en la ciencia y la investigación, junto con nuevas tecnologías (edición genómica, uso de drones, variedades de semillas más resistentes, etc.).
Agricultura
En segundo lugar, piden a la Comisión que evite la entrada en la UE de cualquier producto hortofrutícola procedente de un país donde se permita usar fitosanitarios prohibidos en la UE y poner en práctica “el principio de reciprocidad” a través de un reglamento “ad hoc”.
A este respecto, criticaron la “doble vara de medir” de la UE, que “corre mucho para imponer condiciones y limitaciones a sus productores, pero tarda y no materializa ese principio de reciprocidad (cláusulas “espejo”), quedándose estos preceptos en meras declaraciones de intenciones.”
Especialmente duras fueron las críticas con la definición que la CE ha propuesto sobre las denominadas “zonas sensibles”, donde los tratamientos fitosanitarios quedarían prohibidos y la actividad agrícola dejaría de ser viable, en especial en amplias zonas de los países mediterráneos, principales productores de frutas y hortalizas.
También criticaron con dureza los límites máximos de residuos (LMR) de importación, que permiten la entrada de producto desde países terceros, que es tratado con materias prohibidas en la UE. Una disposición considerada “hipócrita” porque implica, primero, un engaño para el consumidor y, segundo, un ataque al sector hortofrutícola europeo, a quien se le sitúa en inferioridad de condiciones para competir.
El trío de cooperativas hortofrutícolas mediterráneas recordaron también a los europarlamentarios el difícil momento actual que atraviesa este sector y el conjunto del sector agrario, muy tensionado por los fenómenos meteorológicos adversos (heladas, sequía e inundaciones), por los desequilibrios comerciales y por el aumento de los costes de producción, debido a las distintas crisis geopolíticas o sanitarias que han afectado y vienen afectando en los últimos años a la UE, caso del Brexit, la pandemia de Covid o la guerra de Ucrania), que merman la rentabilidad de los agricultores y de sus cooperativas.
El proceso de cambio, que exige la Comisión a este sector, debería además venir acompañado de un apoyo económico expreso por parte de los poderes públicos, ajeno a la PAC, suficientemente dotado para compensar, por una parte, las graves pérdidas de rendimientos por plagas e incidencias climáticas, o el incrementos de costes derivados. Y, por otra, para financiar los esfuerzos de I+D+i, sobre todo allí donde la industria privada no quiera involucrarse, como es el caso de determinados cultivos menores mediterráneos.
En conclusión: la Comisión Europea, dada la actual situación del sector hortofrutícola y de los mercados, “debería abstenerse de introducir políticas comunitarias excesivas, que acaben generando costes adicionales”, declaran las organizaciones cooperativas de Francia, Italia y España. Esto es lo que sucede cuando se quieren imponer medidas sesgadas a un sector determinado, en este caso el de producción y exportación de frutas y hortalizas europeo, sin contar para nada (o para casi nada) con el propio sector que se verá directamente afectado. Eso lo deberían saber y entender los burócratas de Bruselas que, por un lado, ponen mucho interés para oír cantos de sirena, pero por otro, ni atienden, ni escuchan. Y ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere ni oír, ni escuchar.