Tal y como estaba previsto, el pasado 1 de junio el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, presentó en Bruselas sus propuestas sobre la reforma de la política agraria común post-2020, y el 25 de junio el comisario viajó a Madrid para presentarlas ante el nuevo titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como ante los representantes del sector agrario español. De esta manera se dio el pistoletazo de salida a la negociación de la futura PAC 2021-2027, la cual en principio contará con 365.000 M€, un 5 % menos a precios corrientes que en el actual período de programación 2014-2020 para toda la UE, de los cuales un 40 % debería contribuir a la defensa y acción sobre el clima y el medioambiente, según destaca la Comisión Europea. En su propuesta, la CE ofrece a los Estados miembros una mayor flexibilidad y capacidad de gestión de los fondos comunitarios, siempre que cumplan los 9 objetivos específicos que se proponen (ver cuadro). Así, cada país de la UE elaborará su propio plan estratégico de aplicación de la PAC, único para su territorio —y de aquí las críticas posteriores por parte del sector, que ve en este punto un intento de renacionalización de la PAC—, aunque se permitirían medidas que podrían aplicarse solo en una región en países descentralizados. Por su parte, Bruselas aprobaría, seguiría de cerca y fiscalizaría la aplicación de estos planes nacionales y su cumplimiento respecto a los objetivos previstos. De acuerdo con la propuesta presentada por Hogan, nuestro país contaría con 43.777 M€ a precios corrientes durante este período, un 5,4 % menos que en el actual, que supondría un 12 % de la financiación total de la PAC para la entonces UE (con 27 Estados miembros), manteniéndose España como segundo país perceptor beneficiario, por detrás de Francia y ligeramente por delante de Alemania. De esta cifra, 33.481 M€ irían a pagos directos, un 3,5 % menos que en la PAC actual; otros 3.288 M€ irían a financiar medidas de mercado en algunos sectores, y 7.008 M€ se destinarían a financiar acciones de desarrollo rural, una cifra que supone, nada menos, que un 15,3 % menos de los fondos que cuenta actualmente. En desarrollo rural, tendrían un peso financiero mayor las medidas a favor del medioambiente y el clima, que tendrán un carácter obligatorio, así como las actuaciones en zonas con desventajas naturales, las inversiones, la instalación de jóvenes, la gestión de riesgos climáticos, la cooperación y el intercambio de conocimiento e información. Además, Bruselas plantea un recorte del 10 % del FEADER para cofinanciar las medidas en este segundo pilar de la PAC, por lo que si se quisiese seguir con el mismo apoyo con el que cuenta ahora el desarrollo rural, los Estados miembros tendrían que aportar más a este apartado o transferir al mismo un máximo del 15 % de los fondos previstos del primer pilar (pagos directos). Con estos y otros mimbres, los Estados miembros deberán ahora analizar conjunta y separadamente la propuesta para que esta pueda estar cerrada, tal y como pretende la CE, en menos de un año, antes de las elecciones de mayo del 2019 al Parlamento Europeo.