Diputado en el Congreso, senador, eurodiputado, consejero de www.juntadeandalucia.es/temas/sectores/agricultura-ganaderia/agricultura.html" target="_blank" rel="noopener">Agricultura y de Presidencia de la Junta de Andalucía, director de Gabinete de los comisarios europeos Manuel Marín y Pedro Solbes, embajador, secretario general del CESE... son algunas de las responsabilidades que jalonan el espectacular currículum político de Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El pasado 21 de julio, el www.consilium.europa.eu/es/european-council/" target="_blank" rel="noopener">Consejo Europeo dio su visto bueno al MFP 2021-2027 y el correspondiente presupuesto para la próxima PAC. A falta de que se pronuncie el Parlamento Europeo sobre la propuesta, usted ha calificado de éxito la misma para España, pese a que las organizaciones agrarias siguen viendo importantes recortes en la PAC. ¿Cómo se entiende tanta discrepancia en este tema?
El resultado del Consejo Europeo ha sido muy bueno para España. El presupuesto para los agricultores y ganaderos españoles se mantiene e incluso se incrementa ligeramente. Nuestro principal objetivo en la negociación desde el punto de vista agrario era lograr, al menos, el mismo presupuesto ?47.500 millones de euros? que en el período 2014-2020. Eso se ha conseguido.
Las cifras que se presentan como recortes del Marco Financiero Plurianual para la Política Agraria Común (PAC) se refieren siempre a comparaciones en términos de precios constantes, pero los presupuestos anuales, lo que recibe el beneficiario de la PAC, todos los años, se elaboran en precios corrientes.
La cifra resultante, si incluimos también los apoyos al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del nuevo instrumento Next Generation EU, es de 47.724 millones de euros.
Asimismo, hay que recordar que el proceso de vertebración y redimensionamiento del sector productivo agrario, unido a la disminución del número de activos, ha propiciado un aumento de los pagos medios por beneficiario en España. Hemos pasado de 6.331 euros a 8.482 euros por beneficiario, es decir, un crecimiento anual del 6,8 %, y estimamos que esta tendencia se mantenga hasta el final de esta década.
La cofinanciación comunitaria del FEADER a las medidas de desarrollo rural bajará, con carácter general, 10 puntos, hasta el 43 %. ¿Supondrá eso que las administraciones nacionales, la AGE y las CC. AA. tendrán que aportar más dinero para contrarrestar lo que aportará de menos la UE? ¿Afectará eso a las medidas de los PDR y a la financiación de medidas como la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, inversiones agroalimentarias, etc.?
La incorporación de jóvenes a la actividad agraria, así como la modernización de las explotaciones a través de la digitalización e innovación son cuestiones prioritarias, de manera que, como mínimo, contarán con el mismo respaldo financiero que en el período actual.
Al igual que lo ocurrido con los fondos estructurales y de cohesión, el acuerdo del Consejo Europeo ha modificado al alza las tasas de cofinanciación para el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y ha desechado el recorte medio de 10 puntos porcentuales de la propuesta original de la Comisión. De hecho, en la propuesta de la Comisión de junio del 2018 no se recogían estas regiones en transición, aspecto que ahora sí se incluye en este nuevo período de programación.
Las regiones se han reclasificado en función de su producto interior bruto (PIB) per cápita y, por tanto, aunque algunas ven decrecer sus tasas, otras ?Castilla-La Mancha o Andalucía, por ejemplo? experimentan un incremento en su cofinanciación. Además, se han recuperado tasas específicas para las regiones en transición, lo cual supone un aumento de hasta siete puntos respecto a la propuesta inicial para Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Por otro lado, también se ha visto favorecida con un incremento de cinco puntos porcentuales la cofinanciación de medidas concretas, como las relativas a aspectos medioambientales.
Lo importante, en este caso, es que los beneficiarios finales van a contar con la misma financiación. Por lo tanto no afectará a ninguna de las intervenciones de desarrollo rural del próximo plan estratégico de la PAC.
¿Por qué las CC. AA. están aprovechando tan poco ?salvo casos puntuales, como Castilla y León? las posibilidades del instrumento financiero de gestión centralizada (IFGC) para las inversiones en medidas de desarrollo rural, cuando otros Estados miembros sí las están aprovechando?
La aplicación de los instrumentos financieros como herramienta de apoyo a las políticas de desarrollo rural ha supuesto una importante novedad en el actual período de programación.
El instrumento financiero de gestión centralizada (IFGC) es una herramienta que ofrece nuevas oportunidades de financiación y facilita el acceso al crédito para proyectos de inversión en el medio rural, ya que proporciona una garantía del 80 % de los préstamos concedidos.
Con carácter general, la implementación de los instrumentos financieros resulta compleja y laboriosa. En el caso del IFGC, la complejidad se incrementa por el hecho de partir de procesos de gestión comunes para atender las necesidades particulares de cada comunidad autónoma.
Por eso, el MAPA ha trabajado intensamente, junto a las comunidades adheridas, en la puesta en marcha de herramientas que faciliten su utilización. Entre nuestras actuaciones destaca la suscripción de un convenio con 14 entidades financieras para facilitar los préstamos garantizados por el IFGC, así como el despliegue administrativo, incluida una aplicación informática, para su gestión.
Este esfuerzo, tanto del Ministerio como de Castilla y León y Extremadura, ha servido para allanar el camino a otras que ya quieren incorporar estos instrumentos financieros. Galicia está ultimando los detalles del acuerdo de financiación para su firma y Asturias tiene iniciados los trámites, mientras otras 4 cuentan ya con la evaluación para completar su adhesión, si así lo deciden en un futuro próximo.
La Comisión Europea apuesta firmemente por el uso de este tipo de instrumentos como una manera de maximizar el impacto de los fondos europeos y es previsible que el número de CC. AA. que se adhieran al IFGC aumente en los próximos años, ya que los instrumentos financieros, y más concretamente este, entre otras cosas facilitan la ejecución de los planes de desarrollo rural, permiten atender a un mayor número de operaciones y presentan menor complejidad administrativa que las subvenciones.
Además, alcanzan aún más relevancia en una situación económica y social como la generada por la pandemia. Por ejemplo, para el sector agrario resulta una medida muy atractiva la que posibilita préstamos para capital circulante sin estar necesariamente vinculados a una inversión.
¿Cree que el sector agrario y agroalimentario tiene un apreciable déficit de financiación no cubierto, como se desprendía de un reciente estudio encargado por la Comisión Europea, o considera que, por el contrario, cuenta con variedad y diversidad de financiación debido a la implicación del sector financiero con ambos sectores, sobre todo por parte de aquellas entidades más apegadas al territorio?
El nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúa en 20.482 millones de euros, cifra que equivale al 78,1 % de la renta agraria anual (segunda estimación del año 2019). Por otro lado, el nivel de endeudamiento de la industria agroalimentaria asciende a 23.487 millones de euros, lo que equivale al 82,6 % de su valor añadido bruto (VAB).
El propio estudio dice que ese "hueco" se debe probablemente al potencial de crecimiento, teniendo en cuenta el crecimiento del sector agrario y el apetito inversor mostrado en los últimos años, como demuestra la gran demanda que han tenido las medidas de inversión de los programas de desarrollo rural.
No es un problema, sino más bien un potencial que debemos desarrollar.
Hay margen para mejorar el acceso al crédito, sobre todo en los pequeños agricultores y ganaderos, así como en los jóvenes que se incorporan.
No obstante, el propio estudio dice que tenemos un mercado financiero muy variado y con amplia oferta, con numerosos actores, entre los que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El IFGC que coordina el MAPA proporciona también préstamos en condiciones preferentes y con garantía pública.
El sector agrario cuenta con una gran variedad de instrumentos financieros a los que acogerse, pero la naturaleza de su actividad, que presenta numerosas incertidumbres, hace que, a menudo, el agricultor no tenga acceso a un canal de financiación estable y adecuado a sus necesidades de inversión.
Es necesaria una buena coordinación entre agricultores y entidades financieras para armonizar la satisfacción de necesidades en aras de cumplir los objetivos y estrategias en el ámbito agrario. En el Ministerio, creemos que lograr esa sintonía puede constituir un factor importante para garantizar el sostenimiento económico de la actividad y para elevar la producción agroalimentaria de nuestro país a los más altos estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad. Los instrumentos financieros van a ser fundamentales en el cambio de época de nuestra producción agraria.
Debemos mejorar, entre todos, la formación e información sobre las opciones de financiación que tiene el sector agrario a su disposición.
En el nuevo contexto presupuestario 2021-2027 de la UE, ¿qué medidas, actuaciones o inversiones o proyectos deberían ser objeto de una financiación preferencial por parte de las entidades bancarias de nuestro país?
No podemos desvincular las necesidades financieras del sector agrario de la situación de crisis que vive nuestro país, ni de las perspectivas económicas a corto plazo. Por esta razón, la primera necesidad va a ser articular, a través de mecanismos que puedan maximizar el alcance de los fondos de recuperación, herramientas que garanticen la sostenibilidad económica de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias.
En nuestro ámbito, habrá que prestar especial atención a los efectos por el descenso del turismo y, por tanto, de la distribución alimentaria a través del canal HORECA, así como a las variaciones de poder adquisitivo de los consumidores españoles, que pueden provocar cambios en los mercados agroalimentarios en el futuro próximo.
Esta recuperación debe contemplar las prioridades de la UE que implican compromisos medioambientales del más elevado nivel en relación con el Pacto Verde Europeo. Así, la estrategia "De la granja a la mesa" va a suponer la necesidad de adaptación de muchos sectores agrícolas y ganaderos a una producción cada vez más verde. Se abre todo un universo de necesidades financieras para inversiones, por ejemplo, en actuaciones para la reducción de emisiones, en eficiencia energética, en energías renovables, en la mejora de la gestión del agua y en estructuras de bioseguridad y sanidad de la producción. Poniendo el acento, sobre todo, en inversiones de mejora productiva y para crear empleo.