El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 9 de junio y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Real Decreto 558/2020 por el que se modifican otros 4 reales decretos reguladores del sector de las frutas y hortalizas y el vino, con el fin de adaptar la normativa nacional a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia producida por la COVID-19.
Por lo que se refiere al sector hortofrutícola, las modificaciones afectan al RD 532/2017 por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores (OPFH), y al RD 1179/2018, por el que se regulan los fondos y programas operativos de estas.
Así, en el régimen de ayudas al sector de frutas y hortalizas a través de OPFH, las modificaciones más destacables son, por un lado, la flexibilización durante el 2020 de los controles para su reconocimiento y la introducción de la posibilidad de diferir determinadas comunicaciones de información.
Por otro, contempla la posibilidad de delegar en órganos más dinámicos de cada OPFH la toma de decisiones sobre los programas operativos, permitiendo modificaciones más ágiles de estos y mayor flexibilidad a la hora de ejecutarlos.
Así, no podrán destinarse fondos a acciones en los programas operativos que conlleven un incremento de la producción de melocotón, nectarina, paraguaya, platerina y melocotón plano, así como de los programas operativos que conlleven un incremento de la producción en el 2020 y 2021 de naranja, clementina, mandarina, satsuma y limón, salvo algunas excepciones a esta prohibición por ámbitos geográficos, productos o variedades que, de manera motivada y justificada, pueda contemplar la autoridad competente.
También se pretende una mayor flexibilización en las condiciones de subvencionalidad de las acciones de gestión de crisis de los programas operativos de las OPFH, como flexibilizar los volúmenes de retiradas, recolección en verde y no recolección.
En definitiva, la modificación normativa pretende relajar determinados procedimientos de control por parte de las distintas administraciones competentes, que actualmente son exigidos con carácter previo a cualquier pago de las ayudas de financiación previstas a los fondos operativos de los programas de las OPFH, y que, a día de hoy son imposibles de efectuar.
El fin último de los cambios de normativas es evitar, según el MAPA, que las OPFH y sus miembros asociados puedan verse penalizados por no poder hacer uso de unos fondos con los que cuentan.