El comisario de Agricultura, Januzs Wojciechowski, presentó en la última reunión del Consejo de Ministros de 25 de enero los resultados del estudio actualizado, respecto al de 2016, sobre el impacto acumulado en el sector agroalimentario de los 12 acuerdos de libre comercio, firmados por la UE o en curso de negociación. En concreto, sobre los efectos económicos previstos hasta 2030 de estas negociaciones y sobre las que vendrán.
Este informe, elaborado, como entonces, por el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) confirmó, como era prever, la aportación globalmente positiva de la docena de acuerdos comerciales de terceros países o bloques con la UE (cinco ya concluidos, que entraron en vigor -Canadá, Japón, Vietnam-, o que finalizaron sus negociaciones -México, www.mercosur.int/" target="_blank" rel="noopener">Mercosur- y otros siete, que están en la agenda comercial o en proceso de negociación -Australia, Nueva Zelanda, Chile, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia-).
Otros acuerdos comerciales, vigentes ya desde hace varios años (Suiza, Ucrania, Colombia, Perú y Ecuador, o Corea del Sur, no han sido analizados, pero sí se reflejan en el escenario de referencia por sus efectos (positivos) visibles en el comercio agroalimentario de la UE.
La CE argumenta que el estudio ofrece un "potentísimo" argumento a favor de que la PAC sea fuerte y esté bien dotada de recursos en el futuro, porque es fundamental para los que quieren exportar y para los que producen para los mercados locales. También garantiza que produzcamos de forma sostenible, protegiendo el medio ambiente y contribuyendo al gran reto de lucha contra el cambio climático. Todo esto está bien, pero el problema no es la UE, sino si lo que importamos garantiza lo mismo que se exige a nivel comunitario, si existe una reciprocidad real en el plano comercial. Y ahí sí que hay muchas dudas.
Según la CE, el estudio destaca que la aplicación de los 12 acuerdos de libre comercio supondría un aumento equilibrado tanto de las exportaciones, como de las importaciones agroalimentarias de la UE, ligeramente superior de las exportaciones, que elevaría aún más la balanza comercial neta positiva del sector, con una previsión al alza en 2030, de 800 a 1.000 millones de euros, en función del escenario considerado. Además, las repercusiones sobre la producción y los precios de producción seguirían siendo moderadas. En concreto, las exportaciones agroalimentarias de la UE aumentarían un 2,8%-3,3%, en comparación con un escenario sin acuerdos de libre comercio, es decir, entre 4.700 y 5.500 millones de euros más.
La propia CE echa tierra sobre su propio estudio, calificado de "ejercicio teórico" y, en parte, lo invalida al constatar que sus resultados no reflejan ni la repercusión del Pacto Verde, ni el Acuerdo de Comercio y Cooperación de la UE con Reino Unido, ni la pandemia de Covid-19.
Considera, además, que el análisis de los efectos económicos y medioambientales en las repercusiones comerciales y económicas en el sector agroalimentario de la UE es un ejercicio "diferente" y "complicado", que queda fuera del ámbito del diseño del estudio. Estos efectos, añade, se analizan en la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad (EIS), que acompaña a cada acuerdo bilateral.
Y concluye señalando que los objetivos del Pacto Verde siguen siendo una prioridad para la Comisión, también en términos de intercambios comerciales, y que "la UE colaborará de forma proactiva con todos los socios comerciales y hará un mejor uso de los acuerdos comerciales existentes y futuros para reforzar la sostenibilidad alimentaria. Dicho en "roman paladino": estamos ante un nuevo "brindis al sol" de la CE, que servirá para resolver muy poco o nada los problemas que existen y que seguirán produciéndose, con más crudeza incluso, en el comercio de productos agroalimentarios de la UE con países terceros.