Los problemas de exclusión financiera son una manifestación más de la despoblación que sufren amplias zonas del país y constituye un serio problema de carácter socioeconómico transversal. Estamos ante uno de los asuntos, entre otros muchos, que ha levantado bastante polémica mediática y real en los últimos años, porque viene afectando de pleno al acceso de efectivo (dinero), a los ingresos y ahorros de muchas personas, sobre todo de edad avanzada, los núcleos rurales.
Forzados por la crisis económica, que se venía arrastrando desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, y por la implosión de Internet, cajas de ahorro y banca se han visto en la tesitura de tener que acelerar la reducción de costes de manera drástica, con el cierre de oficinas y la reducción de personal, para no seguir perdiendo rentabilidad.
Actualmente, el porcentaje de población sin acceso a servicios financieros presenciales, como oficinas bancarias, cajeros automáticos, puntos de acceso de Correos, agentes financieros u oficinas móviles, es de apenas un 1,4% (en torno a 660.000 personas) y afecta a unos 3.230 municipios en nuestro país, prácticamente del ámbito rural.
Otro número elevado de pueblos tiene solo una fuente de efectivo, es decir, están también en riesgo de exclusión, y en ellos vive otro 1,2% de la población total (unas 560.000 personas).
Ya, en septiembre de 2008 ?cuando se logró un máximo histórico de oficinas físicas en España- el 90% de los municipios, que hoy figuran sin punto de acceso físico a los servicios financieros, no disponían de oficina bancaria en ese momento. Esta situación no ha hecho más que recrudecerse desde entonces, extendiéndose también a los núcleos urbanos, donde el número de oficinas con servicios de atención presencial se ha recortado drásticamente.
Aunque se habían dado ya pasos concretos para revertir esta situación de exclusión financiera, el pasado 7 de octubre se produjo uno de los más importantes cuando, en una reunión con la ministra de Asuntos Económicos y Agenda Digital y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, las tres patronales bancarias y de cajas de ahorro (la Asociación Española de la Banca, AEB, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA y la Unión Española de Cooperativas de Crédito, UNACC), acordaron actualizar el denominado "Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca", que se había suscrito el 23 de julio de 2021.
En el Protocolo actualizado se incluye el compromiso de las entidades bancarias de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales para el 100%, es decir, la totalidad del territorio en el plazo máximo de seis meses, ampliable bajo determinadas circunstancias, otros seis meses. Algo que, sin duda, sería un facto clave que contribuiría a favorecer la lucha contra la despoblación y a mejorar la vertebración del territorio.
Según los firmantes, el cumplimiento del compromiso alcanzado, explicitado en una "hoja de ruta" concreta, debería permitir que todos los municipios españoles cuenten al menos con un punto de acceso a los servicios bancarios.