El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha analizado este lunes con los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas la recta final de la negociación de la futura PAC, el mercado exterior agroalimentario y el brote de peste porcina africana en un jabalí en Alemania.
En el último trimestre del año se celebrará la segunda reunión presencial sobre la Política Agraria Común (PAC) con todas las comunidades autónomas "para progresar en la definición del plan estratégico", un proceso que "culminará con otro encuentro en los primeros meses de 2021", según ha detallado el Ministerio en un comunicado.
En el Consejo Consultivo, que ha tenido lugar hoy de forma telemática, Planas ha expresado a los consejeros su confianza en que el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) cierre el paquete legislativo para que a comienzos de 2021 esté aprobado el reglamento para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional.
El ministro ha hecho hincapié en que es una nueva PAC con un modelo "diferente a las anteriores políticas", por lo que ha pedido a los consejeros que las autonomías, junto con el Gobierno, realicen "un gran esfuerzo" para "maximizar el impacto del dinero" que va a llegar a los agricultores y ganaderos españoles.
La presidencia alemana ha propuesto líneas de debate para la reunión de la próxima semana; sobre los ecoesquemas, España comparte que sean obligatorios para todos los Estados y que cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer pilar, y apuesta por un mecanismo que permita transferir fondos de los ecoesquemas a otros pagos directos para no perder recursos.
La posición española en cuanto a la condicionalidad es que cada Estado fije el porcentaje mínimo de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades, y si tiene que ser una cifra común, sea del 5 % para las tierras de cultivo.
Sobre las ayudas directas, se ha presentado la interpretación de la presidencia alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio, acerca de la posibilidad de introducir una reducción progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros hasta el máximo de 100.000, que sería aplicable a la ayuda básica a la renta.