El director general de la federación hortofrutícola FEPEX, José María Pozancos, considera que la Unión Europea (UE) no puede repetir en el sector agrícola errores de la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha dejado en evidencia la falta de capacidad de producción de material básico para sus ciudadanos.
Pozancos analiza, en una entrevista con Efeagro, los efectos de la pandemia en la actividad hortofrutícola y su futuro en el periodo de la "nueva normalidad", y califica de "muy preocupante" que se hayan lanzado "determinadas políticas productivas comunitarias" que son "erróneas, porque no garantizan la seguridad alimentaria".
En concreto, se ha referido a la "utópica" estrategia "De la granja a la mesa", que "plantea una reducción drástica de insumos de cultivos necesarios para la agricultura como los fitosanitarios o los fertilizantes", pero que "no aporta las herramientas para establecer un nuevo modelo". "Cuando se tenga las herramientas, hablemos del nuevo modelo, porque si no, como ha pasado en el ámbito sanitario, dependeremos de las importaciones agroalimentarias de terceros países, que no aplican la legislación ni los estándares medioambientales y sanitarios" que sí cumplen los productores europeos.
El director de la organización más representativa del sector hortofrutícola español también defiende que la Comisión Europea modifique su actual apuesta para la agricultura con un nuevo marco regulatorio que corrija la "amplísima desventaja competitiva que existe con relación a las importaciones" desde terceros países.
Pozanco es tajante al asegurar que "las decisiones políticas son y van a ser determinantes en la nueva normalidad", en clara referencia a la futura Política Agraria común (PAC), a las condiciones comerciales con Reino Unido a partir de 2021 o a la redacción final de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.
Sobre la PAC, explica que en el actual contexto es "bastante chocante la rigidez de la CE en sus propuestas, que por ejemplo impiden a día de hoy que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la UE puedan incluir en sus programas operativos los gastos derivados de la COVID-19.