Tal y como se temía, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC en inglés) publicó oficialmente el pasado 31 de julio su resolución definitiva en relación con el impacto de las importaciones de aceituna negra de España sobre el sector productor californiano, concluyendo que estas hacen competencia desleal por estar subvencionadas y que causan daño a la industria local. Dicha resolución supone que al arancel antidumping del 20 % (vigente desde el pasado 18 de junio) se añadirá el arancel compensatorio de las subvenciones del 14,75 %, sumando en total un arancel a la aceituna negra de mesa española de un 34,75 %. Este arancel se impone por un período mínimo de 5 años, prorrogable por períodos iguales, y supondrá la pérdida de la práctica totalidad del mercado norteamericano de aceituna negra para España, valorado en 70 M$ anuales, según la Asociación de Industriales Exportadores de Aceituna de Mesa (ASEMESA), cuyos representantes se reunieron el pasado 1 de agosto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien calificó de inaceptable e injusta esta decisión "porque no hay fundamentos técnicos ni económicos". Esta pésima noticia para el sector lo es también para la política agraria común (PAC), ya que la Administración norteamericana cuestiona en su informe la legalidad de las ayudas que reciben los olivareros y considera que distorsionan el mercado e incumplen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), creando así un peligrosísimo precedente aplicable a cualquier otro producto europeo que reciba apoyos de la PAC. Tras las gestiones del Gobierno español, la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a acudir a la Organización Mundial del Comercio para defender la PAC y arbitrar medidas económicas ?previstas en el artículo 221 del Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas? que puedan ayudar a compensar, en la medida de lo posible, la labor de promoción y presencia en los mercados exteriores de la aceituna de mesa.