El sector agrario dispone de un paquete de medidas sin precedentes, con un impacto de más de 1.000 millones de euros, entre ayudas directas y fiscales, para poder afrontar las dificultades derivadas de la guerra, que ha provocado el incremento del precio de las materias primas, fertilizantes, energía y otros insumos, y para hacer frente a la pérdida de rentabilidad debido a la sequía.
En breve, el sector agrario y ganadero podrá percibir hasta 3.400 millones de euros por el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC, clave porque dotará de mayor liquidez a explotaciones afectadas por la pérdida de rentabilidad, además de poner en marcha de manera directa ayudas que han contribuido a paliar los efectos económicos y sociales en las explotaciones agrarias.
Así, el pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un real decreto-ley con ayudas por importe de 430 millones de euros, que se suman a otras iniciativas como la rebaja en el coste del combustible, descuentos fiscales, exención de cánones y medidas de liquidez.
Estas ayudas han incidido especialmente en los productores de leche, que se han visto más afectados por esta situación y que han recibido 169 millones de euros en ayudas directas. Estos apoyos se han complementado con la concesión de otros 193,5 millones de euros (de los que dos tercios proceden de ayudas estatales) para compensar las dificultades económicas de otros sectores, como los productores de carne de vacuno, ovino y caprino, carne de pollo y de conejo, y cítricos. Así mismo ha recordado los algo más de 72 millones de euros del segundo paquete del plan de choque para incrementar la subvención de la prima del seguro agrario (60 millones de euros), atendiendo así a una demanda de las organizaciones agrarias, y la línea de financiación a través de las medidas ICO-MAPA-SAECA (12 millones de euros).
En relación con la sequía, las medidas coyunturales adoptadas por el Gobierno para paliar esta situación están estimadas en unos 450 millones de euros, en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico, con el fin de contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.