Después de que los líderes europeos acordaran en julio pasado el nuevo presupuesto comunitario, que incluye los fondos de la Política Agraria Común, se ha abierto un proceso que culminará con la entrada en vigor de la reforma de la PAC en enero de 2023.
Hasta esa fecha deben darse todavía distintos pasos, que en los próximos meses estarán marcados por la negociación en Bruselas de las normas que configuran la nueva política agrícola y por la elaboración de los planes estratégicos a escacla nacional.
"Esta PAC entrará en vigor con dos años de retraso, provocado por el retraso del Consejo Europeo y también por la pandemia, que ha afectado a los calendarios", resume en declaraciones a Efeagro el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Tras despejarse la duda del presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027, que en precios corrientes supera los 400.000 millones de euros (47.682 millones irán a parar a España, según el Ejecutivo), falta por acordar la reforma de los reglamentos comunitarios que fijan las reglas de aplicación de la PAC.
El paquete de reformas se compone de un reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC; otro sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agraria; y un tercero sobre la organización común de los productos agrarios.
Las instituciones europeas ya acordaron en junio de manera provisional y parcial un reglamento de transición que permitirá a los productores seguir cobrando las ayudas, sin que cambien las condiciones, entre 2021 y 2022.En octubre se procederá a su aprobación definitiva, una vez que se han acordado los fondos de la Política Agraria Común, integrados en el Marco Financiero Plurianual.
Según Planas, está prevista la aprobación del planteamiento global de todas las enmiendas a nivel político en el seno del Consejo Europeo a mediados de octubre, mientras que el Parlamento Europeo hará lo propio en su segunda sesión de ese mismo mes.
Será a principios de noviembre cuando el Consejo y el Parlamento inicien una negociación con la intención de llegar a un acuerdo legislativo final en los siguiente meses, previsiblemente a principios de 2021.