El acuerdo sobre el Fondo de Recuperación Económica y el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 que se logró en un Consejo Europeo celebrado durante 5 días, del 17 al 21 de julio, no despejó las dudas sobre si la financiación destinada a la Política Agraria Común (PAC) será suficiente para afrontar los retos medioambientales y de clima de los próximos años que se exigirá al sector agroalimentario comunitario.
Mientras que las organizaciones agrarias españolas se lamentaban ?basándose en las cifras incluidas en el documento oficial del Consejo? de que la PAC venidera perderá entre un 10 y un 12 % de los actuales recursos a precios reales o constantes del 2018, el Ministerio de Agricultura calculaba lo contrario, que se mantienen los fondos para el nuevo período y que incluso España verá ligeramente mejorada su dotación a precios corrientes o nominales.
En la reunión en la Conferencia Sectorial Extraordinaria sobre la PAC y el diseño del Plan Nacional Estratégico del MAPA con las CC. AA. el pasado 23 de julio, el ministro Planas informó de que el sector agrario español recibirá en el próximo septenio 47.682 M? de la PAC, de los cuales, dentro del Marco Financiero, unos 39.156 M? irán al primer pilar (pagos directos ?34.181 M?? y medidas de mercado) y 7.776 M? al segundo pilar (desarrollo rural), a los que se añaden otros 750 M? (10% del total) del Fondo de Reconstrucción aprobado por el Consejo Europeo.
Estas partidas, recordó el ministro, se completarán con aportaciones de otros capítulos, como los fondos del plan de recuperación y resiliencia que se prevén destinar al sector agroalimentario, así como con la cofinanciación de las administraciones central y autonómicas, con lo que el apoyo total al sector podría superar los 50.000 M?.
El MAPA y las CC. AA. empezaron a debatir en esa reunión lo que se conoce ya como la negociación "hispano-española" sobre los grandes temas que están sobre la mesa para definir la aplicación práctica de la próxima PAC entre los agricultores y que deberán incluirse en el Programa Estratégico Nacional, como el pago básico a la renta, la definición de agricultor genuino y profesional, el futuro de los derechos individuales históricos, la regionalización, los ecoesquemas, el régimen de pequeños productores, el techo máximo de ayudas por explotación y el sistema redistributivo, la ecocondicionalidad, etc.
La intención del Gobierno es presentar un borrador informal de Plan Estratégico en los primeros meses del 2021 para que, una vez que la Comisión Europea realice sus aportaciones, poder presentar el plan definitivo a mediados de ese mismo año y que pueda ser aprobado formalmente por Bruselas a comienzos del 2022.