El pasado 11 de noviembre se inauguró, en el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), en Valencia, el primero de una serie de foros participativos sobre el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Son encuentros que organizad el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el fin de provocar la reflexión ética y generar un debate social sobre el desperdicio alimentario.
En España, tres de cada cuatro hogares tira comida a la basura y que, en un año como el 2020, ser desperdiciaron 1.364 millones de kilos de alimentos, 31 kilogramos por persona. Son cifras que llaman a actuar y que tienen implicaciones éticas muy profundas: por el hambre de casi 800.000 personas en el mundo; por los recursos escasos, como el agua, el suelo o la energía, que son esenciales para el planeta; y por el trabajo y esfuerzo de nuestros productores, que dan lo mejor para abastecer de alimentos sanos y seguros a la población. Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos repercute de forma negativa en la seguridad alimentaria, en el acceso a los alimentos y el incremento de su precio.
En este contexto, el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que se aprobó, en primera lectura, el pasado 11 de octubre en Consejo de Ministros es una prueba más del compromiso del Gobierno de España con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo y ancho de toda la cadena alimentaria.